Los profundos cambios en el orden social, político, económico y cultural de las últimas décadas han derivado en escenarios de fragmentación y vulnerabilidad social que requieren de nuevas y urgentes respuestas. En este sentido, los denominados Métodos de Resolución Pacífica y participativa de Conflictos se han constituido y consolidado como un instrumento significativamente útil en la gestión de las diferencias y la transformación de los conflictos que se suscitan en las relaciones sociales.

La situación social signada por conflictos estructurales, violencias y desigualdades múltiples hace necesario visualizar la conflictividad como mecanismo de expresión en el ámbito social.

Valorar y respetar la estructuración del disenso con libertad de expresión y el derecho a la protesta es dotar de mayor contenido y calidad a la democracia. Ello interpela a los diferentes actores y requiere de mayor atención en materia de conocimiento y predisposición para la generación de sistemas de alerta temprana que representen una verdadera prevención para evitar una espiral negativa de violencia.

Para ello es indispensable tener un profundo conocimiento del contexto donde se desenvuelven estas expresiones sociales y, a su vez, tener un conocimiento de instrumentos que permitan intervenciones eficaces en la etapa de latencia y de emergencia (donde se expresan demandas en clave de “pedidos” o de “exigencias”) para canalizar los conflictos y prevenir potenciales escaladas de la conflictividad con violencia.